El Derecho Penal se refiere al conjunto de normas y principios legales que regulan el sistema de justicia penal en el país. Su objetivo principal es proteger los derechos de los ciudadanos y mantener el orden público mediante la imposición de penas o medidas coercitivas a quienes hayan cometido infracciones graves contra la sociedad.
El Derecho Penal se rige, entre otros, por los principios fundamentales de:
- Legalidad. Este Principio está destinado a prevenir el abuso de poder por parte del Estado y garantizar que las personas solo puedan ser condenadas por conductas que hayan sido previamente establecidas como delitos por una ley válida y vigente.
- Culpabilidad. El principio de culpabilidad establece que una persona solo puede ser considerada culpable de un delito y, por lo tanto, sujeta a sanciones penales si se demuestra que ha cometido la infracción de manera voluntaria y consciente, es decir, si tenía la capacidad de entender lo que estaba haciendo y si podía decidir actuar de manera contraria.
Este principio se relaciona estrechamente con el principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Las pruebas pueden ser de muy diversa índole, pues la criminalística evoluciona a pasos agigantados, pero en todo caso SIEMPRE han de haber sido obtenidas de forma legal para que produzcan el efecto de desvirtuar la presunción de inocencia.
- Proporcionalidad de las penas. El principio de proporcionalidad de las penas es esencial en un sistema de justicia penal justo y equitativo, ya que garantiza que las penas se ajusten adecuadamente a la gravedad del delito y a las circunstancias individuales del delincuente. Es aquí donde entra de lleno la labor del Abogado, haciendo ver al Juez o Tribunal la existencia de atenuantes, e incluso eximentes, de la posible pena y cuya apreciación puede llevar a un resultado muy distinto en la sentencia.
Es importante destacar que el sistema penal contempla la Acusación Particular. La acusación particular es una figura legal que permite a una persona o entidad presentar cargos y participar activamente en un proceso penal como parte acusadora, junto con la fiscalía y la defensa. La justificación para ejercer una acusación particular en un caso penal puede basarse en diversas razones y objetivos legítimos. Algunas de las justificaciones comunes para la acusación particular incluyen:
- Protección de intereses personales: Cuando alguien ha sido víctima de un delito, puede tener un interés legítimo en buscar justicia y obtener una compensación o reparación por los daños sufridos. La acusación particular permite a la víctima participar activamente en el proceso penal y buscar una sentencia que refleje el impacto del delito en su vida.
- Participación en la investigación: La acusación particular puede recopilar pruebas, entrevistar testigos y presentar información adicional al tribunal que puede ser relevante para el caso.
- Perseguir delitos no perseguidos por el fiscal: En algunos casos, la fiscalía puede decidir no presentar cargos o puede ofrecer un acuerdo de culpabilidad que no satisface completamente a la víctima. En tales situaciones, la acusación particular puede buscar llevar el caso a juicio o buscar una sentencia más severa para el acusado.
- Obtener compensación económica: En casos de delitos que causan daños económicos, como robo, fraude o daño a la propiedad, la acusación particular puede buscar una compensación económica a través del proceso penal. Esto puede implicar la recuperación de bienes robados o dañados, el reembolso de gastos médicos o la obtención de una indemnización por los perjuicios sufridos.
En resumen, la acusación particular tiene como objetivo principal proteger los intereses de la víctima y buscar justicia en el sistema penal. Su participación puede ser beneficiosa para el proceso al aportar información adicional, buscar la plena satisfacción de los intereses de la víctima y contribuir a la prevención de futuros delitos.